DIARIO
DE LA PESTE: CONSULTAS, REFLEXIONES Y POSICIONAMIENTO por Elisa
Robotti
A
partir de la semana del 16/3/20 la realidad del país cambió de modo
drástico. Si bien era una crónica anunciada, no dejó por ello fue
menos violenta la transición, cimentada en la situación económica
preexistente.
A
continuación se relatan casos reales, testimonios de personas que
transitan esta nueva realidad, arrastrando todas las condiciones
peyorativas de la anterior. Se aclara que los nombres propios
utilizados (tanto de trabajadorxs como de empleadorxs), son
ficticios, y que la finalidad de la presente nota es meramente de
investigación académica, conforme las conclusiones esbozadas hacia
el final del artículo.
Luciana
escribió una consulta a través de Messenger, a una página donde no
se responden consultas jurídicas. Una persona en común orientó su
comunicación, y finalmente hizo esta consulta: “Yo
y mi marido estamos trabajando ambos y tenemos menores de 14 años el
es esencial en su trabajo pero yo me quería tomar licencia y no se
como puedo hacer o si me corresponde por que cuando llamé al art y
me dijeron que el no está pagando y que ellos no pueden hacer nada.”
Trabaja hace varios años en una panadería de cadena, y la
comunicación con la patronal es inexistente. O lo era al inicio del
conflicto. Se le aclaró que podía tomar la licencia, de modo pago,
y se mandó un telegrama a los efectos. El telegrama no fue
contestado, pero sí fue recibido, y ella dejó de ir a laborar. Al
mes siguiente el salario le fue abonado en último término (fue la
última de sus compañeres en cobrar), pero le pagaron correctamente.
Al mes siguiente ingresaron al programa ATP, y el empleador se negó
a abonar el salario, ofreciéndole a la actora el teléfono de su
contador, para que le explique el por qué. El contador no era tal,
sino que era el abogado de la patronal. La indicación fue no
comunicarse con él bajo ningún punto de vista, pero el marido de la
actora lo hizo desoyendo las indicaciones, y le dijeron que no le
correspondía el pago a la actora, ya que no había laborado el
período. Se mandó telegrama intimando al pago, que fue contestado
por la patronal en los mismos términos de terquedad,
consecuentemente está en vías de resolverse judicialmente su caso.
En la misma panadería labora como cajera una señora con más de 78
años, y tienen en delivery a una trabajadora en negro, madre de un
menor con discapacidad. La actora es la única que hizo algún tipo
de reclamo, e intentó organizar a sus compañeras, sin éxito: todas
necesitan demasiado el trabajo.
Carla
se comunicó por redes con una consulta desesperada. La habían
despedido, y no le pagaron lo último que trabajó. Cuando se pudo
establecer la comunicación directa con ella, así como ver su
telegrama de despido, las opciones se definieron como escasas. Laboró
menos de un mes. Ingresó en febrero en una panadería de cadena,
aparentemente bien registrada, pero el 17/3, cuando ya se habían
levantado las clases escolares y suspendidos los trámites en el
Poder Judicial, la despidieron. Era su día de franco, y la carta
documento le llegó el 19/3, así que el 18/3 se presentó a
trabajar, y le fue negado el ingreso. La encargada le dijo que la
habían despedido, pero que como trabajaba muy bien la iban a llamar
cuando pasara “el lío”. Lo laborado de febrero se lo habían
pagado, pero jamás le abonaron lo que trabajó en marzo, y ella no
quiso hacer el reclamo, porque teme que no la llamen luego. Por
supuesto no entró en la prohibición de despidos, que ocurrió dos
semanas más tarde.
Alejandro
trabajaba en Equis empresa de servicios virtual desde diciembre del
2019. Hicieron “reestructuración
de personal”, la última
semana de marzo, y en una videollamada les comunicaron que varixs
serían despedidxs, sin dar nombres. Que esperaran la carta
documento. El 1/4 le llegó la notificación de su despido sin causa.
Fueron unas 10 personas despedidas, y las cartas documento llegaron
entre el viernes 27/3 y el miércoles 1/4. El actor tuvo la
excepcional suerte de que por la fecha de su despido (y el carácter
recepticio de la notificación) podía ser reinstalado, pero no
quiso. Dijo que él es joven, que esto no iba a durar mucho, y que
ese trabajo no le gustaba. Que le prometieron que la indemnización
que le iban a pagar era “la doble”. Se le ofreció controlar el
monto de la liquidación, que finalmente le pagaron en 3 cuotas, pero
con el monto prometido. Por supuesto no existe organización gremial
alguna, ni se han organizado les despedides, por más que también
fue parte del consejo legal. El actor no quiso avanzar con los
reclamos, pero mirando esta consulta en retrospectiva, una se
pregunta si ya cambió de opinión o realmente no lo necesita ni
desea.
Jessica
y su prima trabajan ambas en una cafetería en cadena. Jessica hace 9
años, su prima hace 4. La última semana de marzo, la empleadora
anunció que las 80 personas que integran la planta serían divididas
en tres grupos: Grupo 1) 10 Personas con suspensión sin
remuneración; Grupo 2) 50 Personas con suspensión y remuneración
al 50% x 90 días; Grupo 3) 20 Personas con ajuste del salario al 70%
x 90 días, a los cuales se les informo que el 30% restante se le iba
a pagar antes de diciembre. Citaron los artículos 221, 222 y 223
bis. Ella y su prima están incluidas en el grupo 3, y les exigen una
firma digital para efectivizar su situación. En videollamada grupal
hubo voces disconformes con las resoluciones de la patronal, y la
respuesta por parte de la gerenta de personal no se hizo esperar:
quien no estuviera de acuerdo con lo resuelto descendía al grupo
uno, el que no cobra ni labora. Obviamente esto hubo de ser
modificado cuando apareció el decreto de suspensión de despidos y
las posteriores reglamentaciones que ya conocemos. Además la empresa
ingresó al ATP, pero lo esencial del mensaje que esparcieron
trascendió: ninguna de las personas que laboran allí quiere
comunicarse con abogades u organizarse entre sí, para no descender
de grupo. Desconfían todxs entre sí, y las actoras decidieron
sencillamente guardar y documentar lo que sucede, para eventualmente,
hacer un juicio, cuando “la
cosa se calme”.
Javier
trabaja desde hace muchos años en una empresa que se dedica a
comerciar principalmente con artículos importados. Su empleadora
creó un grupo de Whatsapp, y agregó a las 30 personas que laboran
allí para comunicarles las reducciones de horario y salario que
harían, y cito: “En este
contexto global A NINGUNO de ustedes les gustaria quedarse en la
calle en este momento, cobrar menos no es lindo pero sean solidarios.
Les pido que no vengan con cuestionamientos porque estoy "agotado"
de tratar el menor perjuicio para todos. Mago no soy. Aclaro esto
porque ya me pasó ayer con uno de ustedes lamentablemente, parece
que todos somos muy buenos hasta que nos tocan el bolsillo. Vayan
llamando y les digo a cada uno que pude lograr en cada caso en sueldo
y en reduccion de la carga horaria. Gracias.”
Es una empresa familiar, salvo por el actor y algunes más.
Ingresaron entre los primeros en el programa de ATP y la empresa sólo
está abonando eso. El actor tenía en blanco solamente el 30% de lo
que cobraba, y ahora cobra la mitad a través del Estado. No quiere
hacer el reclamo, porque en caso de rodar cabezas, él sería de las
primeras, y necesita el trabajo más allá de la pandemia.
Axel
trabaja en un puesto jerárquico, en una empresa de traslados de
larga distancia. Durante abril no prestó tareas, y le abonaron
solamente el 70% de su salario. En mayo retomaron tareas todes les
empleades, de modo remoto o con un falso permiso. El salario no sólo
no subió al 100 sino que les anunciaron que para el mes que viene
sólo les será abonado lo que paga el Estado, pues también
ingresaron en ATP. Se le explicó que puede hacer el reclamo, pero
por su posición en la empresa no quiere llamar la atención, ni
abrir la vía para que otras personas también reclamen, porque dice
que ahí si que no va a alcanzar para todes. Se le explicó que eso
lo debe pensar la patronal, y no él que ya ve mermados sus ingresos,
pero dijo que va a esperar a que “todo se calme”.
Walter
trabaja de cadete administrativo para una empresa que hace
transportes. ¿Transportes de qué? De muchas cosas, pero ahora
durante pandemia hicieron un acuerdo con el Gobierno de la Ciudad y
trasladan jubiladxs. ¿Son actividad esencial? Dicen que sí, que son
Salud, pero no lo habían hecho jamás antes. Judicialmente es
pinchudo, y el conflicto para él es: “mi
jefe me está arriesgando innecesariamente en la pandemia”,
ya que -desde su óptica- las cosas que le encargan hacer son
inútiles, trámites menores. Es el único cadete en una empresa de 4
personas, es muy joven, vive cerca del trabajo y no tiene condiciones
físicas dificultosas, pareciera que lo que le molesta es la
banalidad de sus tareas. Está correctamente registrado, le están
abonando el salario íntegro en tiempo y forma, ingresaron al
programa de ATP, y todos los demás trabajadores, siguen laborando.
No existe excusa legal para que el actor no preste tareas, pero las
consultas de este tipo existieron y fueron muchas: la gente tiene
miedo.
Julio
trabaja en un supermercado minorista, una cadena pequeña, con apenas
un par de sucursales en algunos barrios porteños. Vio por la
televisión que quienes laboraban en supermercados iban a cobrar un
plus, negociado por el Sindicato de Empleados de Comercio, y quería
saber si debía reclamarlo y cómo hacer. En la página del SEC están
los empleadores que abonaban el plus, quienes entraron en la
negociación, pero el empleador del actor no figura. En sus propias
palabras: “Claro, es un
arreglo de la cámara de supermercadistas. Arreglaron con el gitano
para que no se pongan locos los delegados de los grandes
supermercados. Gracias por todo. Disculpa la molestia. Igualmente lo
voy a pedir a ver si nos dan”.
No ocurrió.
Matías
ingresó a trabajar en una heladería en diciembre, con un contrato
de temporada. El 19/3 le dijeron que no volviera, y le hicieron
firmar la correspondiente notificación. En abril se comunicó
desesperado, porque no va a cobrar nada más, pero tampoco puede
pedir el seguro de desempleo ni el IFE. Es un hombre grande, tiene
familia y no tiene otro medio de subsistencia. Se le explicó que se
puede descolgar del contrato de trabajo, pero que eso no implica que
vaya a cobrar nada de allí. El trabajador no le dio importancia,
dice que igual no lo iban a volver a llamar, que el gerente lo
maltrataba. Como era de esperarse, al revisar sus condiciones
laborales, surgieron los usuales elementos fuera de regla: para
empezar, un falso trabajo parcial, con varias horas sin registrar. Se
realizó el reclamo y se efectivizó un despido indirecto, en plena
prohibición de despidos(!), al solo efecto de que pudiera cobrar el
IFE o el seguro de desempleo.
La
mamá de la Negra trabaja en el buffet de un colegio privado de Zona
Norte. Hace 20 años que presta tareas ahí, y en su sábana se ve el
cambio de empleador, pero ella siguió firme en su puesto, y con la
antigüedad bien reconocida. Sin embargo, todos los eneros y
febreros, así como 15 días de julio, jamás le fueron pagados. Su
empleador, que tiene un convenio con el colegio, ya les anunció a
ella y sus compañeras que van a cobrar sólo lo que el Estado les
pague, pues pidió el ATP. La mamá de la Negra se puso a la cabeza
de sus compañeras y llamaron al sindicato, y como no le contestaron,
se fueron allá. Consiguieron que les armen una denuncia y que le
manden una carta documento a su empleador, que respondió por
whatsapp furibundo. La Negra tiene miedo por su mamá, porque dice
que ya es una señora mayor y si pierde este trabajo no va a
conseguir otro. Se le explicó cuáles son los alcances de la
normativa, cuál era su situación laboral hasta donde se veía, y
sus posibilidades de reclamo, y dijeron que van a seguir empujando al
sindicato.
Lucas
trabaja en una pequeña empresa que se dedica a producciones
audiovisuales para eventos de magnitud: deportivos, fiestas, etc. Su
primer temor era que su empleador se enterara de que consultó a una
abogada: dice que el medio es muy pequeño y que años atrás cuando
hizo otro reclamo (no judicial, no administrativo, simplemente un
telegrama), quedó muy marcado. Son casi 20 en la empresa, todes
“grises” como dijo él. Tienen un porcentaje muy básico del
salario en blanco, por tiempo parcial, y en la escala de comercio,
como adminsitratives todes. Su empleador les maltrata, y también
creó un grupo de whatsapp para comunicaciones. Les obligan a ir a la
oficina a pesar de que todo su trabajo podría ser hecho desde sus
casas, y luego de ciertas dificultades para pagar el mes de abril, el
empleador se apersonó furioso en la empresa. El actor lo confrontó
para bajar el nivel de violencia hacia sus compañaeres y finalmente
el empleador les gritó que “ahora
iban a ver si él a fin de mes no bajaba la persiana”.
El actor quería saber qué hacer y dónde estaba parado, y si
aquello que dijo su empleador era posible. Se le explicó con el
mayor cuidado posible, y al día de hoy documenta lo que ocurre para
un eventual juicio, pero no quiso avanzar en ningún reclamo formal.
La empresa, por el momento, sigue funcionando.
Laura
trabaja en un geriátrico en CABA. Al inicio del aislamiento, se
comunicó muy preocupada, porque tiene mucho miedo de llevar “el
bicho” a su casa, donde viven su pareja y el hijo menor de edad de
él. No entraba en ninguno de los supuestos de las licencias, y
además pasó a ser trabajadora esencial. Aceptó la situación, y
volvió a trabajar (pues ya había decidido autoaislarse). El
geriátrico tuvo hace dos semanas sus primeros casos de covid,
trasladado por un enfermero, pero los dueños son muy cercanos a
alguien
en el gobierno de la ciudad, y la denuncia al 107 no tuvo efecto,
ninguna de las veces que se hizo. Consecuentemente, están desarmando
el lugar poco a poco, enviando a las personas a otras instituciones
médicas, pero con todo el personal laborando mientras. La actora dio
negativo al test, y fue aislada 15 días, luego de los cuales se le
pidió que volviera a trabajar, pero ella se negó. No existe amparo
legal a su situación, pues el miedo, salvo que sea respaldado por
psiquiatra receta mediante, no alcanza. El gremio está ausente, y su
empleador finalmente le ofreció una licencia sin goce de sueldo, que
ella eligió aceptar.
Lucía
trabaja en el consulado de un país europeo. Chequea datos y sella
papeles. Ingresó los primeros días de este año a través de una
empresa eventual y le hicieron firmar un contrato de trabajo a nombre
de otra empresa distinta, y en blanco. No sufrieron descuentos en su
salario, pero desde mayo les piden que vayan presencialmente a
trabajar, sin protocolo o medidas de cuidado, y que al solicitar el
permiso de circulación elijan la opción “Poderes
del Estado: inscripción, identificación y documentación de
personas”. Pero claro, ese
permiso es para quienes laboran para el Estado Argentino,
como la actora misma notó. Ella solo quiere saber si es legal
y, caso contrario, si puede reclamar. Se le explicó que sí, y de
qué modo, y no quiso seguir adelante, ya que quiere conservar el
buen trato en el trabajo. Tengo agendada la comunicación con ella
para cuando cumpla los seis meses efectivos en ese puesto, para
volver a charlar y explicarle nuevamente la importancia de proteger,
al menos, su fuente laboral.
Los
casos brevemente analizados son en un todo verídicos, y ocurridos a
partir del 16/3/20. No son todas las consultas recibidas, pero sí
son la mayoría. Quien escribe no tiene más de tres años en la
matrícula, y ningún caso fue derivado del estudio donde también
presto tareas, sino que llegaron directamente (por un boca a boca).
Juntando todos estos datos se pueden extraer las siguientes
conclusiones:
- De los 13 casos, sólo dos siguieron adelante un reclamo que apunte hacia lo judicial, y que sea encuadrable jurídicamente.
- Todas las personas querían saber si la situación que describían era “legal” y eso es lo más difícil de desarmar en la óptica de quien consulta: que no importa si corresponde o no, la patronal lo puede hacer, por más que legalmente no deba. El derecho del trabajo es esencialmente resarcitorio, y una vez que nos hagan daño nos podremos defender, tardía y dolorosamente.
- La organización gremial podría resolver la gran mayoría (sino todos) de estos conflictos, pero el miedo a las represalias está absolutamente arraigado, y la desconfianza hacia quienes están en la misma situación es promovida explícitamente por la patronal, con la complicidad de la comunicación a través de teléfonos y computadoras.
- Todas las empresas pidieron el ATP y en su mayoría lo obtuvieron, pero también es cierto que casi todas siguieron trabajando y efectuaron igualmente descuentos sobre el salario.
- La normativa que se creó para atajar esta situación no solo resultó tardía para una enorme cantidad de casos, que por cuestión de días sufrieron una enorme pérdida de derechos, sino que es artera. Aparenta ser más protectoria de lo que finalmente es: engaña. Al mismo tiempo introduce necesariamente la consulta a una abogada, puesto que es tanta y de tan diversas fuentes que muches tuvieron dudas muy comprensibles.
- Si quien escribe estas líneas recibió esta cantidad y calidad de consultas, con tan poca experiencia en la profesión, ¿qué sucede en la experiencia de les demás profesionales abogades? ¿qué consultas recibieron? ¿encontraron reparo en las nuevas medidas jurídicas?
En
resumen, hay factores que atraviesan todas las consultas: la enorme
precariedad en el trabajo en Argentina, que incluye a quienes laboran
para la Justicia del Trabajo; la existencia de una burocracia
sindical que permanece impávida (dejando un mail para consultas, que
jamás nadie leerá) frente al desamparo de sus afiliados; y como
corolario, las patronales dejaron no sólo de responder
telegramas, sino de recibirlos.
Estas realidades se naturalizan y se vuelven variables a la hora de
analizar un conflicto jurídico individual.
No
obstante, existe un aspecto subterráneo que se manifiesta en todas
las consultas, y que se puede ver en casi cualquier conversación
informal, en los cursos online, en las palabras de una anécdota
contada por teléfono. Hablo del entender
la posición ajena. El empleador pasa a territorializar la palabra
ajeno,
no ya como un lugar de solidaridad, sino exclusivamente como
ubicación de la posición empresaria. ¿Qué quiero decir?
Uno
de los efectos del aislamiento en pandemia es la comprensión cabal
de la importancia de la pandemia en sí. Hemos entregado sin
miramientos un modo de vida a cambio de otro que -se nos explica- es
el mejor por ahora; y, cierto o no, lo hemos incorporado. Esto es
educación, inculcada en pocos meses. Claro que hay críticas,
disidencias políticas e ideológicas, pero lo esencial ya transitó
el cuerpo. Así, me pregunto, ¿cuál es la educación laboral que
hemos recibido en todos estos años? ¿qué experiencias transitó la
clase trabajadora con el cuerpo, para llegar a entender
a la patronal en su merma de frutos? ¿cuándo empezó a ser parte de
la función de todes nosotres entender
la posición de quien paga los salarios?
La
experiencia (educación), que se transitó con el cuerpo se ha
convertido en una lección aprendida, y el ASPO también caló
profundo en los hábitos de la población: nadie puede ignorar en
este punto los temas de distancia social, o cubrebocas, así como lo
que ocurre económicamente. Es la educación, o sea, la transmisión
de los hábitos con un propósito, que entró por los poros de
quienes día a día transitamos este estado de excepción. Entonces,
si unos pocos meses fueron suficientes para materializar esta línea
educativa, ¿cómo no van a ser suficientes los años
que cada une ya transitó con deplorables condiciones de trabajo? Sin
registrar o flexibilizades, sin respuestas de los gremios, sin seguro
real para la situación de desempleo, sin posibilidad de negociación
por todo lo que ya se entregó, sin siquiera contar con poder cobrar
un juicio ganado en menos de 5 años. ¿Qué opciones quedan para la
masiva clase trabajadora?
Resulta
desalentador que una trabajadora no quiera siquiera reenviar un
mensaje para que sus compañeres se informen con una abogada de cuál
es su situación, pero ¿qué se le puede pedir? Del mismo modo, es
terrible escucharla sostener que “es
cierto que la empresa tuvo menos ganancia este mes, y que entonces no
sabe cómo van a hacer para pagar salarios”.
Es terrible porque yo me pregunto si la patronal le paga por este
análisis que hace. Lo que resulta realmente dañino, es cuando nos
convertimos todes en abogades de la patronal. Y no me refiero a
aquellos y aquellas que cobran por ocupar tal rol, sino a todes les
demás. Las personas que entienden
la posición de la patronal.
Desde
el primer al último caso que relato, la consideración de lo
colectivo estuvo siempre presente. La comunicación es esencial, la
comprensión de la propia realidad, el saber dónde una está parada
y con quiénes. Es imprescindible ser conscientes del rol que
jugamos, y no intentar entender
la situación ajena, relegando la propia.
Imagino
que el análisis de cómo abonar salarios con los frutos obtenidos lo
realiza quien cobre un salario por ello, por ejemplo, una contadora
contratada por la patronal. Del mismo modo, una abogada que labore
para la patronal debería aconsejar a su cliente o clienta acerca de
qué medidas tomar para reducir costos, dentro del alcance de lo
jurídico. Pero entonces, ¿por qué ese análisis lo realizan les
trabajadores también? ¿Cuándo ocurrió ese cambio tan definitivo,
en el cual todes intentamos entender
la posición de la patronal, pero no la de les trabajadores? ¿Es que
las patronales pagan la consulta a les abogades de la parte actora
también, para que entiendan
la situación? ¿Cómo puede ser que siempre se entienda
a la otra parte en la negociación? ¿Cuándo se empezó a practicar
este ejercicio de empatía con la posición patronal?
Es
obvio que hay que saber
negociar, claro, pero jamás
justificar
o entender
la postura de quien está en frente. Es perfectamente lógico y
comprensible que el abogado de la empresa le explique a quien
representa las opciones para pagar menos y ganar más. Pero esa
explicación no debería idearla nadie
más. La postura que explica que hay que pedir moderadamente y
comprendiendo que todes estamos
en la lona con la pandemia,
debe ser asumida por quienes cobran
por dicha postura: quienes defiendan a la patronal. Jamás debería
gratuitamente un gremio negociar una rebaja salarial para que no haya
despidos, ¡la patronal paga esos consejos a asesores privados! A
menos, claro, que los propios gremios participen de algún modo en la
ganancia, en cuyo caso si bien sería poco ético, sería al menos
lógico.
Reitero.
No se le puede pedir a una trabajadora de una fábrica que entienda
que la empresa está ganando menos, y que todes vamos a tener que
hacer un esfuerzo compartido. No hay tal cosa. Hubo frutos ganados y
hay riesgos asumidos, no puede caer en la espalda de esa trabajadora
la especulación patronal. No somos personas solucionando una
situación desde el mismo lugar, por ello no podemos mirarlo de igual
modo. No corresponde
analizar cómo va a hacer la empresa para pagar salarios, corresponde
exigir
los salarios y que se encargue alguien pago por la patronal de pensar
en cómo se abonará.
Ésta
debe ser la posición de les abogades laboralistas, les que defienden
los derechos de trabajadorxs en el tránsito hacia una sociedad en
que se reconozcan sus derechos.
Imagen: Lee
Krasner, Palingenesis
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