Editorial. - La Causa Laboral

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EL FRACASO DE UNA POLÍTICA ECONÓMICA
El domingo 11 de agosto de 2019 comenzó a cambiar el viento. No sabemos exactamente el rumbo que tomará, pero sí lo que sin dudas dejará atrás.
La Asociación de Abogados y Abogadas Laboralistas (AAL) es autónoma de los partidos políticos, pero su posición frente a la defensa del derecho social y de la abogacía laboralista la han colocado inevitablemente en la vereda de enfrente de las políticas que lleva adelante la alianza “Cambiemos” en el gobierno nacional.
Desde La Causa Laboral hemos denunciado los ataques que sufrieron las organizaciones sindicales, la justicia del trabajo y los abogados y abogadas laboralistas a lo largo de estos años, como parte de un programa neoliberal de gobierno que entre sus objetivos tenía la eliminación de toda forma de protección y representación de las y los trabajadores. Desde luego esperamos que esa práctica se termine.
Nos opusimos firmemente a los proyectos de reformas laborales regresivas, y denunciamos lo que denominamos como una “reforma laboral de hecho”, basada en el retiro del Estado regulador frente a la relación capital-trabajo, o lo que es lo mismo, el Estado a favor de los empleadores tolerando su avanzada contra la clase trabajadora.
O peor aún, impulsando negociaciones colectivas por empresa a la baja, como fue el caso del tan mentado convenio emblema del macrismo, el del yacimiento petrolero de Vaca Muerta, o el más reciente del centro de logísitica de Mercado Libre, que plasma en su texto algunas de las peores variantes del primer proyecto de reforma laboral.
Pero sin dudas, como dijo Rodolfo Walsh en su famosa Carta Abierta a la Junta Militar, salvando las diferencias de contexto, es en la política económica del gobierno donde se encuentra su “mayor atrocidad”.
A casi cuatro años de haber asumido, y todavía sin datos oficiales desde la feroz devaluación de la semana posterior a las elecciones primarias –como modo de represalia frente a la voluntad popular-, la desocupación alcanza el 10,1% y sólo en el último año se perdieron 252.000 empleos formales. La deuda pública alcanza el 89,6% del Producto Bruto Interno (PBI), entre diciembre de 2017 y diciembre de 2018 la construcción cayó un 20,6% y la actividad industrial un 14,7%. Y lo más grave, el salario real cayó entre diciembre de 2015 y enero de 2019 un 20%.
El Salario Mínimo Vital y Móvil fijado por el Consejo del Salario es de $ 12.500 y las jubilaciones mínimas a $ 11.528, mientras que la canasta básica asciende a $ 32.000, por no hablar de lo que debería ser un salario digno según su definición legal (art. 116 LCT), que según el Mirador de Actualidad del Trabajo y la Economía (MATE) para el mes de julio debió ser de $44.264 “de bolsillo”. Se señala asimismo que con la reforma previsional del gobierno los haberes jubilatorios vienen perdiendo poder adquisitivo frente la inflación, eso es producto de la nueva combinación en la fórmula (70% inflación y 30% RIPTE). La cual arroja como resultado que el promedio de incremento de los salarios formales fue entre abril y junio de un 6,95% mientras que el índice de precio para ese período fue del 9,5%, por lo que en ese solo segundo trimestre los salarios perdieron 2,5%. En 2018 la suba de precios ascendió al 47,65% y los haberes jubilatorios aumentaron solo el 28,5%, implicando un retroceso de 19,1 puntos. En 2019 se calcula que aproximadamente los haberes subirán para diciembre un 51,03%, cuando se estima una inflación del 55%. Desde 2016, el gobierno de la Provincia de Buenos Aires “desenganchó” de la ANSES las Asignaciones familiares de la provincia y nunca las equiparó”. La Federación de Educadores Bonaerenses denunció que, para la asignación por hijo menor de 18 años, la ANSES entrega $2250 y la Provincia $950; por adopción, ANSES da $15.696 y la Provincia $9863; por nacimiento, la diferencia es de $2622 contra $1646; y por hijo con discapacidad es casi el doble: $7331 a $3256.
Y todos estos indicadores se agravarán cuando se registre la inflación del mes de agosto. La política económica implementadas por la Alianza Cambiemos, cimentada en la destrucción del mercado interno, cierre de fábricas, despidos y endeudamiento ilimitado, en un breve lapso, arrojó como resultado una drástica situación social, donde amplias mayorías populares cayeron en la miseria, atravesando hambre y frío. Este invierno se visibilizó la situación de personas que fallecieron por exposición a bajas temperaturas en situación de calle.
Estos datos de la realidad son la causa irrefutable del pésimo resultado electoral del presidente Macri en las elecciones Primarias Abiertas Simultáneas y Obligatorias (PASO). También demuestra que aún existe una “empatía” social que no tolera pasar ciertos límites. El resultado electoral expresa que se le dijo “basta” a esta política macroeconómica que desprecia la vida humana y solo privilegia el capital financiero.
Haya o no basado su campaña en eso, el triunfo de la fórmula Fernández-Fernández en estas primarias demuestra cuan infalible es ese factor.
Ese resultado, de nuestra óptica laboralista, nos permite sepultar la embestida reformista regresiva del gobierno de Macri, pero como es lógico, coloca en el primer lugar de la agenda del futuro próximo la política económica, que empieza a evidenciar un escenario de devastación para la clase trabajadora de argentina.
Desde la AAL, no sólo tenemos la certeza de que ninguna reforma laboral regresiva es la condición para el crecimiento económico, sino que por el contrario, estamos convencidos de la necesidad de avanzar en el reconocimiento de derechos para los trabajadores y las trabajadoras.
En ese sentido, creemos que para encausar la economía, ante todo es necesario garantizar la recuperación de los salarios hasta llegar a hacer efectiva vigencia del art. 116 de la Ley de Contrato de Trabajo: “Salario mínimo vital, es la menor remuneración que debe percibir en efectivo el trabajador sin cargas de familia, en su jornada legal de trabajo, de modo que le asegure alimentación adecuada, vivienda digna, educación, vestuario, asistencia sanitaria, transporte y esparcimiento, vacaciones y previsión”.
Y paralelamente, no sólo desandar el camino de las reformas en materia de jubilaciones y riesgos del trabajo, sino avanzar en el derecho a la estabilidad en el empleo, en efectivas limitaciones a la tercerización y la subcontratación, la erradicación de la violencia laboral, la no discriminación por razón de géneros, garantizar de los derechos fundamentales de las mujeres trabajadoras, desterrar el empleo ilegal o “no registrado” a través de una verdadera política de inspección y policía del trabajo, en la restitución de las contribuciones patronales, y mayor presencia sindical en las empresas para control, información y consulta entre otras propuestas que debatiremos en nuestras próximas jornadas anuales, tituladas “El Derecho del Trabajo que queremos”.
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